El país no sabe aún qué texto se aprobó en Montecristi, el que se discutió y redactó en las comisiones y plenarios de la Asamblea Constituyente o el que se modificó –a veces sustancialmente– los últimos días.
Ya sabemos que el texto oficial que constaba en la página web no será el que se distribuirá a los ciudadanos las próximas semanas, sino otro muy distinto. Lo que no conocemos los ecuatorianos es quién fue el autor de esas modificaciones a última hora, ni con qué atribución legal lo hizo.
El proceso político de redactar la nueva Constitución ha terminado, por lo que averiguar exactamente qué ocurrió ya no tendrá efectos prácticos. Los ciudadanos deberán decidir su voto constatando este hecho, pero sin poder modificarlo. La historia, sin embargo, sí reclamará que se registre quiénes y dónde alteraron el proyecto de nueva Carta Magna.
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